Ope Pasquet

 

            “Patear la pelota para adelante” es una manera muy uruguaya –acaso pueda decirse, muy rioplatense- de salir de las situaciones incómodas o difíciles de resolver. Buscamos pretextos para eludir las decisiones que no queremos tomar, con la esperanza de que el tiempo o los demás las tomen por nosotros. Por lo general, los resultados de esta estrategia no son buenos. Cuando llega por fin el momento de encarar la cuestión, suele ocurrir que esté peor que antes.

 

            Algo así esta sucediendo en Argentina, me parece, con los tristemente célebres “asambleístas” o piqueteros de Gualeguaychú.

            Cortar el tránsito por puentes o rutas fue siempre un acto ilícito. Nadie que no sea una autoridad pública actuando conforme a la ley puede arrogarse el derecho de cercenar la libertad de los demás, estableciendo límites arbitrarios para sus desplazamientos. Sin embargo, el corte de las rutas argentinas fue tolerado y hasta alentado con guiñadas cómplices –por lo menos...- por quienes debían impedirlo. Más de tres años después del comienzo del corte que tanto daño ha hecho -a una y otra margen del río Uruguay, por cierto- el gobierno de Cristina Kirchner parece querer resolver el problema conforme a Derecho, pero se encuentra con que ahora es muy difícil hacerlo.

 

            En la base del problema está el convencimiento de buena fe, de mucha gente honesta de Gualeguaychú, de que la planta de UPM (ex Botnia) va a contaminar gravemente las aguas del río Uruguay. Esa convicción no tiene fundamento científico. Todos los estudios serios que se han hecho sobre el tema así lo declaran, y así lo entendió también la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Sin embargo, la evidencia científica apreciada por el máximo tribunal internacional no logra remover los prejuicios ni los miedos de los pobladores de Gualeguaychú. Esa gente estuvo, durante mucho tiempo, expuesta a la prédica irracional y manipuladora de quienes se oponían a la instalación de Botnia del lado oriental del río. Quien pudo darles tranquilidad fue el gobierno argentino, pero no quiso hacerlo. Muy por el contrario, Néstor Kirchner llegó a decir, siendo presidente, que la causa de los “asambleístas” de entonces (hoy piqueteros) era una “causa nacional”. Se entiende que hoy sea tan difícil remover las convicciones falsas, hasta ayer halagadas desde el famoso –y temido- atril presidencial.

 

            Pero que nadie vaya a pensar que estas cosas sólo ocurren en la Argentina, por favor. Aquí en Uruguay el sindicato de Conaprole acaba de lograr un nuevo triunfo sobre la empresa, que terminó por aceptar la propuesta del Ministerio de Trabajo de enviar al seguro de paro por cuatro meses al empleado –con cargo de fiscal- que entregaba mercadería sin facturar.

 

            ¿Puede o no puede una empresa, despedir a un empleado? Esa es la verdadera cuestión que hoy está en tela de juicio en el Uruguay. No se trata de establecer si el empleado robó o simplemente se distrajo: plantear esa discusión es desviar el debate. El derecho vigente en nuestro país permite al empleador despedir a sus empleados aunque no hayan incurrido en “notoria mala conducta”, claro que pagándoles la indemnización que en cada caso corresponda. Bastaba la aplicación de ese criterio para resolver el diferendo en Conaprole. Pero claro, ante la presión del sindicato el gobierno prefirió “patear la pelota para adelante” y presionar a la empresa para que aceptase salir del paso, enviando al trabajador al seguro de paro. Dentro de cuatro meses volverá a discutirse el asunto. A juzgar por los antecedentes, ya se sabe cómo terminará.

 

¿Qué alicientes tiene el sindicato para cambiar su actitud, si la intransigencia le ha dado tan buenos resultados?

            Conaprole a su vez tiene derecho a comprar la paz con su sindicato a cualquier precio, si entiende que eso es lo que le conviene; allá ella.

            Otras empresas, en cambio, no están dispuestas a recorrer ese camino y quieren saber a qué atenerse.

            El gobierno debe decidir cómo se plantará frente a estos conflictos.

            Al “Uruguay productivo” seguramente le interesa saber, ya mismo, si la inamovilidad de los funcionarios públicos habrá de extenderse, de derecho o de hecho, a los trabajadores del sector privado.             

            En estos temas cruciales, “patear la pelota para adelante” sólo sirve para empeorar las cosas.